ASESINATOS EN MASA
Amparados por una Ley legislada, pero no controlada.
por
Joseph Moner
Provocar ABORTOS a los siete meses, con decapitaciones e inyecciones letales, es el asesinato que cometen CLINICAS PRIVADAS en la ciudad de Barcelona, dirigidas por el ginecólogo MORÍN, ha despertado una triste realidad extendida a otras clínicas de España dirigidas por el mismo personaje, amparado por una ley máscara que permite en cualquier momento de la gestación la interrupción de embarazos no deseados, como así también poder preservar la salud física o psíquica de la madre, de conformidad con exhaustivos informes de psiquiatras, ginecólogos y anestesistas colegiados.
Un reportaje, realizado con cámara oculta por la televisión danesa, mostraba como el ginecólogo Morín aceptaba contra pago en efectivo de 4.000 €, realizar un ABORTO de un feto de 30 semanas (7 meses), cuando cumpliendo con la Ley amparada por estricta documentación extendida por los especialistas indicados, tan sólo están autorizados ABORTOS hasta las 22 semanas (cinco meses).
Un feto de 30 semanas es casi ya un bebé, que de nacer por medio natural o cesárea, sería un ser humano que sobreviviría con ayuda médica de la que disponen todos los hospitales de la Seguridad Social y Clínicas Privadas.
¿Qué diferencia hay entre este tipo de aborto y un infanticidio?. Ambos son un homicidio provocado, sujeto al Código Penal con todos los agravantes de un asesinato con premeditación y alevosía. Se trata de dos psiquiatras, tres ginecólogos y dos anestesistas a los que se les imputan los delitos de asociación ilícita, aborto ilegal, falsificación de certificados e intrusismo. Al parecer, estas personas eran colaboradores externos de las clínicas de Carlos Morín que se encargaban de dar apariencia legal a ABORTOS ilegales.
Actualmente hay trece detenidos imputados en las prácticas abortistas ilegales, dirigidas por el ginecólogo Dr. Morín, junto con su esposa y una empleada en una de sus clínicas en Barcelona.
Embarazadas de toda Europa acuden a abortar a España, para deshacerse del fruto prohibido concebido en una noche de juerga. España es un país democrático en el que, aunque sea ocasionalmente, se practica la ilegalidad por médicos corruptos, como así también sucede en muchas otras profesiones. Marbella es un ejemplo en el campo de la construcción, junto con alcaldes y concejales de muchos otros ayuntamientos, autorizando bloques de apartamentos y hoteles a lo largo de las extensas costas de la península e islas, a cambio de comisiones multimillonarias, que jamás serán recuperadas por la Justicia.
Se ha levantado la veda para la caza de las alimañas de élite que alimentan a tantos delincuentes que amparados en el poder, han logrado zafarse de la justicia durante muchos años.
La JUSTICIA debe aplicarse por los Tribunales de los Juzgados de Instrucción, Audiencias Provinciales en segunda instancia, además de las Instituciones Judiciales Nacionales, para aplicar las Leyes de los Códigos Civil y Penal, de conformidad con los alegatos incoados de acuerdo con las pruebas aportadas por la Fiscalía del Estado y los abogados de las partes litigantes. La mano de obra autorizada para actuar ante JUECES Y MAGISTRADOS, son simplemente los ABOGADOS y PROCURADORES, muchos de los cuáles actúan de acuerdo con los honorarios con que facturan su trabajo a sus clientes. La Justicia se compra con el dinero, sea blanco o negro.
Quienes fueron teóricamente defendidos por Abogados de Oficio, ineptos y mal pagados por la Administración de Justicia, forman la cadena de los presos perdidos entre las paredes fortificadas de las cárceles Penitenciarias.
Nadie tiene interés por quienes deben acogerse a la fórmula que teóricamente ampara los derechos del detenido “Tiene derecho a un abogado. De carecer de medios, le será asignado un Abogado de Oficio” Quienes así fueran defendidos, son carne de presidio desde el instante en que son acusados de algún delito. La hipotética defensa ejercida por los Abogados y Procuradores designados por sus respectivos Colegios, se deshacen de su presunto cliente, presentando su RENUNCIA o amañan sus escritos, cuando el caso es muy grave, y concretamente, cuando el imputado de muchos delitos es un alto cargo de su Colegio, del que dependen para ganarse la vida.
Tan sólo los delitos de sangre, reflejando sus miserias en todos los informativos televisivos, merecen la atención de las fuerzas de orden para perseguir a los delincuentes. A su alrededor se mueve el gran circo que atrae a esas multitudinarias audiencias que dan de comer a todos los medios de difusión conocidos.
La infinidad de delitos previstos en el Código Penal, que se dirimen a base de tantos recursos como permiten las Leyes y que se amontonan entre los miles de legajos en los Juzgados de las más variadas instancias será ganador, -al cabo de muchos años-, el bufete de abogados que disponga de los cuantiosos recursos económicos de los que disponga su cliente. “JUSTA AUTEM AB INJUSTIS PETERE INSIPIENTIA EST”.
Los Tribunales son el último reducto donde la VERDAD no tiene acogida.
Esta es la real triste historia de la JUSTICIA en nuestra Democracia. Según el refranero catalán “METGES, ADVOCATS I PROCURADORS, A L´INFERN DE DOS EN DOS”
ooooOoooo
Copyright © J. A. Moner – DICIEMBRE 2007.
Amparados por una Ley legislada, pero no controlada.
por
Joseph Moner
Provocar ABORTOS a los siete meses, con decapitaciones e inyecciones letales, es el asesinato que cometen CLINICAS PRIVADAS en la ciudad de Barcelona, dirigidas por el ginecólogo MORÍN, ha despertado una triste realidad extendida a otras clínicas de España dirigidas por el mismo personaje, amparado por una ley máscara que permite en cualquier momento de la gestación la interrupción de embarazos no deseados, como así también poder preservar la salud física o psíquica de la madre, de conformidad con exhaustivos informes de psiquiatras, ginecólogos y anestesistas colegiados.
Un reportaje, realizado con cámara oculta por la televisión danesa, mostraba como el ginecólogo Morín aceptaba contra pago en efectivo de 4.000 €, realizar un ABORTO de un feto de 30 semanas (7 meses), cuando cumpliendo con la Ley amparada por estricta documentación extendida por los especialistas indicados, tan sólo están autorizados ABORTOS hasta las 22 semanas (cinco meses).
Un feto de 30 semanas es casi ya un bebé, que de nacer por medio natural o cesárea, sería un ser humano que sobreviviría con ayuda médica de la que disponen todos los hospitales de la Seguridad Social y Clínicas Privadas.
¿Qué diferencia hay entre este tipo de aborto y un infanticidio?. Ambos son un homicidio provocado, sujeto al Código Penal con todos los agravantes de un asesinato con premeditación y alevosía. Se trata de dos psiquiatras, tres ginecólogos y dos anestesistas a los que se les imputan los delitos de asociación ilícita, aborto ilegal, falsificación de certificados e intrusismo. Al parecer, estas personas eran colaboradores externos de las clínicas de Carlos Morín que se encargaban de dar apariencia legal a ABORTOS ilegales.
Actualmente hay trece detenidos imputados en las prácticas abortistas ilegales, dirigidas por el ginecólogo Dr. Morín, junto con su esposa y una empleada en una de sus clínicas en Barcelona.
Embarazadas de toda Europa acuden a abortar a España, para deshacerse del fruto prohibido concebido en una noche de juerga. España es un país democrático en el que, aunque sea ocasionalmente, se practica la ilegalidad por médicos corruptos, como así también sucede en muchas otras profesiones. Marbella es un ejemplo en el campo de la construcción, junto con alcaldes y concejales de muchos otros ayuntamientos, autorizando bloques de apartamentos y hoteles a lo largo de las extensas costas de la península e islas, a cambio de comisiones multimillonarias, que jamás serán recuperadas por la Justicia.
Se ha levantado la veda para la caza de las alimañas de élite que alimentan a tantos delincuentes que amparados en el poder, han logrado zafarse de la justicia durante muchos años.
La JUSTICIA debe aplicarse por los Tribunales de los Juzgados de Instrucción, Audiencias Provinciales en segunda instancia, además de las Instituciones Judiciales Nacionales, para aplicar las Leyes de los Códigos Civil y Penal, de conformidad con los alegatos incoados de acuerdo con las pruebas aportadas por la Fiscalía del Estado y los abogados de las partes litigantes. La mano de obra autorizada para actuar ante JUECES Y MAGISTRADOS, son simplemente los ABOGADOS y PROCURADORES, muchos de los cuáles actúan de acuerdo con los honorarios con que facturan su trabajo a sus clientes. La Justicia se compra con el dinero, sea blanco o negro.
Quienes fueron teóricamente defendidos por Abogados de Oficio, ineptos y mal pagados por la Administración de Justicia, forman la cadena de los presos perdidos entre las paredes fortificadas de las cárceles Penitenciarias.
Nadie tiene interés por quienes deben acogerse a la fórmula que teóricamente ampara los derechos del detenido “Tiene derecho a un abogado. De carecer de medios, le será asignado un Abogado de Oficio” Quienes así fueran defendidos, son carne de presidio desde el instante en que son acusados de algún delito. La hipotética defensa ejercida por los Abogados y Procuradores designados por sus respectivos Colegios, se deshacen de su presunto cliente, presentando su RENUNCIA o amañan sus escritos, cuando el caso es muy grave, y concretamente, cuando el imputado de muchos delitos es un alto cargo de su Colegio, del que dependen para ganarse la vida.
Tan sólo los delitos de sangre, reflejando sus miserias en todos los informativos televisivos, merecen la atención de las fuerzas de orden para perseguir a los delincuentes. A su alrededor se mueve el gran circo que atrae a esas multitudinarias audiencias que dan de comer a todos los medios de difusión conocidos.
La infinidad de delitos previstos en el Código Penal, que se dirimen a base de tantos recursos como permiten las Leyes y que se amontonan entre los miles de legajos en los Juzgados de las más variadas instancias será ganador, -al cabo de muchos años-, el bufete de abogados que disponga de los cuantiosos recursos económicos de los que disponga su cliente. “JUSTA AUTEM AB INJUSTIS PETERE INSIPIENTIA EST”.
Los Tribunales son el último reducto donde la VERDAD no tiene acogida.
Esta es la real triste historia de la JUSTICIA en nuestra Democracia. Según el refranero catalán “METGES, ADVOCATS I PROCURADORS, A L´INFERN DE DOS EN DOS”
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Copyright © J. A. Moner – DICIEMBRE 2007.