EL CRIMEN ORGANIZADOpor
Operación Gaviota
Del llamado periodismo de investigación la surgido la obra épica “EL ABOGADO DEL DIABLO” denunciando a quienes, como, cuando y donde han birlado a un ciudadano unos 500 millones de las antiguas pesetas, además de su salud física y mental, en el transcurso de los últimos 20 años.
Con la avenencia de quienes mandan en el Colegio de Abogados, se ha violado con premeditación y alevosía la Ley 1/1996 del 10 de Enero legislando el Servicio de Asistencia de Justicia Gratuita para quienes acrediten tener derecho al mismo.
Designados 28 abogados de Turno de Oficio para defender los derechos constitucionales de un ciudadano durante los pasados 20 años, éste ha estado INDEFENSO durante tan largo período de tiempo debido a las sucesivas RENUNCIAS de quienes cumpliendo con el CORPORATIVISMO (sinónimo de COMPLICIDAD) existente entre el colectivo de colegiados, contravinieron el art. 24 de la Constitución, por el que, a bomba y platillo, se decreta que en “NINGUN CASO PUEDA PRODUCIRSE INDEFENSION”. Pura falacia.
¿Culpables?. Esencialmente la cúpula del Colegio de Abogados, en la persona del DECANO Sr. José Mª PRAT SABAT, Presidente de dicho organismo durante el período 1995 al 2006, quien, junto con los miembros de las sucesivas Juntas de Gobierno sujetos a las órdenes de su jefe, acuerdan por UNANIMIDAD la aceptación de unas mal pergeñadas RENUNCIAS, basadas en calumnias e injurias contra quien les fue designado para ejercer su defensa.
Gozando de completa INMUNIDAD quienes visten la negra toga, son maestros en el ejercicio de la mentira, involucrando a JUECES Instructores Y MAGISTRADOS, quienes deben ejercer su alto cometido, basándose en cuantas pruebas judiciales les son aportadas por ambas partes.
El Consejo General del Poder Judicial impone que todo ciudadano viene obligado a denunciar la comisión de un delito a la autoridad que corresponda, incurriendo en una infracción si no lo hiciera. La denuncia presentada al Juzgado de Guardia de la ciudad en cuestión, queda reducida a un ARCHIVESE cuando menos, cuando el presunto abogado defensor, si existe, se ha convertido en el VERDUGO de su propio cliente.
Conocido es que los abogados nombrados por Turno de Oficio gozan de mala prensa, pues demostrado está que su intervención conduce invariablemente al corredor de la muerte. Como sus clientes carecen en su mayoría de cultura suficiente para exponer sus alegatos, los abogados subvencionados por el Estado, no tienen reparo alguno en utilizarlos como conejillos de indias, salvo encomiables excepciones, que son pocas.
No obstante, el ciudadano en cuestión, sabiendo leer y escribir, ha tenido clases privilegiadas en DERECHO en el transcurso de los últimos 25 años recorriendo la mayoría de los Bufetes de abogados. Con los Autos y Sentencias de Sus Señorías titulares de los Juzgados y Audiencia, el recurrente ha visto ampliados sus conocimientos en Jurisprudencia.
Todas las Instituciones del Estado y Comunidad Autónoma a quienes se ha acudido, han contribuido en apoyar los Derechos Fundamentales del ciudadano en sus justas reivindicaciones de JUSTICIA. La responsabilidad ha quedado reducida a la jurisdicción del Colegio de Abogados de esta Ciudad sin Ley, cuya complicidad está reflejada en los miles de documentos oficiales en poder del ciudadano, atestiguando los innumerables hechos delictivos de los que aquellos se han hecho cómplices.
En el caso de los Abogados por Turno de Oficio, la minuta de sus honorarios esta regulada por los Módulos y Bases de Compensación Económica, fijados por la Comunidad que corresponda, que, -según confesión de los letrados involucrados- es irrisoria, como también es, en consecuencia, el tiempo dedicado para ejercer la defensa, si la hicieran.
El ciudadano cuestiona el “Derecho a obtener la tutela efectiva de los JUECES Y TRIBUNALES en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”, cuando 28 letrados de Oficio nombrados para su defensa, se han burlado de quienes deben dictar sentencias afines a las pruebas que siendo aportadas por el cliente contra el Decano y Juntas de Gobierno de su Colegio de Abogados, JAMAS LLEGARON A LOS TRIBUNALES.
En las capitales de provincia, -como este es el caso- se constituye una Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, como órgano responsable, en su correspondiente ámbito territorial. La Comisión está formada por el Ministerio Fiscal, por el Decano de los Colegios de Abogados y de Procuradores o de abogado y procurador que ellos designen, y por un secretario de la Administración Pública. Quienes forman la Comisión se atendrán escrupulosamente al pergeñado INFORME emitido por el ABOGADO que entiende del asunto, cuya falsedad se hace evidente cuando el denunciado es su propio Decano o un compañero del colectivo.
El ciudadano recurrente, trabajador incansable en defensa de la VERDAD Y LA JUSTICIA, ha puesto al descubierto el mayor FRAUDE JUDICIAL cometido en esta ciudad, reflejado en última instancia en su obra cumbre “EL ABOGADO DEL DIABLO” reflectando la actualidad del CRIMEN ORGANIZADO, amparado, camuflado y ejercido por quienes gozan del privilegio de actuar de acuerdo con el baremo de sus beneficios.
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(C) Operación Gaviota – Junio 2007.